Aisha en el asador
18 de julio de 2016. Aisha
empieza a trabajar en la cocina del asador de Galapagar. Madrid. Europa. No
tiene contrato. Ni nómina. Ni Seguridad Social. Ni tarjeta sanitaria. Ni
derechos. Apenas existe. Apenas habla español. Tiene 36 años. Viuda. Un hijo en
Marruecos. Trabaja cuatro horas de miércoles a sábado. Tres el domingo. El
refuerzo perfecto: 380 euros al mes. En negro. Barato. Productivo. En el asador
de Galapagar donde trabaja se venden botellas de vino más caras que su sueldo.
7 de octubre de 2016. La dueña le ha dicho que si sigue
trabajando bien le harán un contrato y le arreglarán los papeles. No hay mejor
motivación. Aisha está manejando la cortadora eléctrica. Es viernes. Hay mucho
trabajo. Prisas. Un descuido. Se corta. Se corta mucho. Pierde el dedo. El
anular. Aisha llora. Por ella. Por su dedo. Por su hijo. Por el dinero. Por el
pasado. Por el futuro. La llevan al Centro de Salud de Galapagar. Allí no
pueden hacer gran cosa. La trasladan al Hospital Puerta de Hierro. La operan.
Amputan. Cosen. Resuelven. Al volver a Galapagar, la jefa le da 70 euros. “Si
nos denuncias, vamos a decir que te lo has inventando. Tú no has trabajado
nunca aquí”. Y aquí no ha pasado nada. Aisha no existe. El miedo te hace tener
una existencia leve, cercana a la nada. Normalmente así termina todo.
Aisha, sin embargo, demanda al asador. Quiere existir.
Por alguna extraña razón, cree que España es un estado europeo, en el que se
garantizan derechos, en el que todos podemos existir, en el que el artículo 13
de la Constitución se aplica. Señalan fecha de juicio.
2 de febrero de 2017. Lo que queda de la mano va mejor.
Cicatrizando. Estamos en el Juzgado de lo Social 36. Su titular es la
magistrada Patricia Valle Lorenzo. Antes de que se celebre el juicio, ya en la
sala, la dueña del asador ofrece a Aisha 1.700 euros para que se retire
sin celebrar el juicio. Aisha se niega a aceptarlo. Sin sentencia no consigue
los papeles, y no podrá buscar un trabajo legal. La dueña aumenta la oferta a
3.000. Aisha se niega a aceptarlos. Patricia, la jueza, está allí. La ley lo
prohíbe. La jueza no puede estar presente en la conciliación previa a juicio,
porque quedaría contaminado su criterio. Pero a Patricia le da igual. A
Patricia le gusta conciliar. Si el juicio se celebra tendrá que dar traslado al
Ministerio Fiscal. La empresa será sancionada por contratar irregularmente a
trabajadores sin papeles. Es una vulneración grave. Puede derivar en
responsabilidades penales. Un lío. Patricia se impacienta. Insiste para que
Aisha acepte los 3.000 euros. La tensión aumenta. Y entonces, sucede.
Patricia,
la jueza, la garante de los derechos fundamentales de los trabajadores en
situación de indefensión, se dirige directamente a Aisha: "va usted a
llegar a un acuerdo o aviso a la Policía. Está usted en España de forma ilegal".
Aisha tiene miedo. Aisha resiste. Se niega a conciliar. Quiere justicia. Quiere
trabajar. Quiere ir por la calle sin miedo a que le pidan los papeles. Quiere
dignidad. Patricia se enfurece. Ordena que se llame a la policía. Vienen
rápido. Y se llevan a Aisha a la comisaría de Moncloa. Allí le piden la
documentación. Enseña su pasaporte marroquí. Comprueban que no tiene permiso de
residencia. Le abren procedimiento sancionador por infracción de la Ley de Extranjería.
Ha cometido una infracción grave: multa de 501 a 10.000 euros.
Madrid.
Europa. 2017. María Patricia Valle Lorenzo sigue
celebrando juicios todos los días. A Aisha le falta un dedo. El asador de
Galapagar marcha muy bien.
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